Presentan al Pleno informe de resultados de cuentas públicas 2018
Hermosillo, Son., octubre 15 de 2019.- Como cada año, la Comisión de Fiscalización presentó ante el
Pleno del Congreso el informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública
estatal y municipales, en esta ocasión lo relativo al ejercicio fiscal 2018.
En
el caso de estas últimas, el Acuerdo alcanzado dice que se aprueban las cuentas
públicas de los ayuntamientos de Huépac, Granados, Benito Juárez, Cucurpe,
Álamos, Cajeme, Banámichi, Tepache, Navojoa, San Miguel de Horcasitas, Caborca,
Bacerac, Bavispe, Etchojoa, Santa Ana, San Javier, Villa Hidalgo, Átil, Rayón,
Huásabas, Hermosillo, Rosario, Tubutama, Trincheras, Santa Cruz, Moctezuma,
Magdalena, Baviácora, Mazatán, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Bacoachi,
Agua Prieta, Pitiquito, Altar, Nogales, San Pedro de la Cueva, Huachinera,
Ímuris, Suaqui Grande y Arizpe.
En
contraparte no se aprueban las de 31 municipios: Cumpas, Quiriego, Naco,
Yécora, Huatabampo, Sáric, Ures, La Colorada, Bácum, Fronteras, General
Plutarco Elías Calles, Villa Pesqueira, San Ignacio Río Muerto, Opodepe,
Benjamín Hill, San Felipe de Jesús, Nácori Chico, Bacadéhuachi, Guaymas,
Soyopa, Aconchi, Oquitoa, Nacozari de García, Cananea, Divisaderos, Sahuaripa,
Empalme, Bacanora, Arivechi, Carbó y Ónavas.
Por
otro lado, la cuenta pública estatal incluyó 96 sujetos fiscalizables del
Gobierno del Estado, donde se determinaron mil 397 observaciones solventadas
por el Poder Ejecutivo, 167 están en proceso de análisis y 45 por atender.
El
Poder Legislativo, por su parte, solventó las 17 observaciones que le hizo el
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; el Poder Judicial un total de
doce; 128 de los organismos autónomos, de las cuales 88 se encuentran
solventadas y 38 están en proceso de análisis, mientras que de los 72 entes
fiscalizables relacionados con los sindicatos y asociaciones civiles, se
determinaron 22 observaciones, ocho de éstas ya solventadas y ocho en proceso.
El
ISAF destaca en su informe que se incluyó, como parte de los objetivos de la
fiscalización, verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos
de fiscalización con cargo a las partidas presupuestales correspondientes se
aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los
programas aprobados, así como que los contratos de obras, adquisiciones,
arrendamientos y servicios se hubieren celebrado con apego a la legalidad.
Para
la selección de los entes se consideraron variables como: presupuesto
asignado y modificado; análisis de riesgos; antecedentes de la fiscalización de
ejercicios anteriores; programa de trabajo entre el ISAF y la Secretaría de la
Contraloría General del Estado; y relevancia del tema ante el Sistema Estatal
Anticorrupción para la ejecución del proceso de fiscalización.
Como
marco normativo específico se consideró a las Normas Profesionales de Auditoría
del Sistema Nacional de Fiscalización y demás normas aplicables señaladas en el
Artículo 23 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, en
tanto que los criterios de selección para la ejecución de las auditorías se
basaron en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras ISSAI
1320.
El
ISAF presentó en el informe de resultados una propuesta de modificación a
diversas disposiciones legales, con el objetivo de incidir en los sujetos de
fiscalización para que se encuentren en condiciones de desempeñar sus funciones
cada vez más eficazmente, ya que es necesario contar con una legislación acorde
con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.
“En
la medida que exista una normatividad adecuada se podrán reducir las conductas
irregulares, estableciendo una estructura más coherente y ordenada en la
actuación de los sujetos de fiscalización, y en general de los servidores
públicos del Estado”, establece en sus conclusiones.
Se
propone una reforma integral a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado
de Sonora, en virtud de que se puede eficientar dicha normatividad, a efecto
incluso de generar ahorro presupuestal en el desarrollo de las actividades del
ISAF y disminuir la tramitología en las mismas, derivado de que muchas
ocasiones se debe acudir a los sujetos de fiscalización en más de dos
ocasiones.
Otras
disposiciones que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización recomendó
al Congreso del Estado modificar son la Ley de adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración
pública estatal; la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas; la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y la emisión de un nuevo
Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal.
También
se propone crear un reglamento para las adquisiciones, arrendamientos y
prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración
pública municipal y, a diferencia de otras entidades, Sonora no cuenta con una
ley estatal de coordinación fiscal que determine la distribución de las
participaciones federales a los municipios, establece el ISAF en su informe.
“Se
propone que el Congreso del Estado cree el sistema de coordinación fiscal del
Estado de Sonora, mediante la expedición de la ley de coordinación fiscal, e
incorpore criterios que incentiven la recaudación de recursos por parte de los
gobiernos municipales y con ello amplíe el número de criterios para su
distribución, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y
principios resarcitorios, e instituye las bases de cálculo para la distribución
de las participaciones federales y estatales que correspondan a las haciendas
públicas municipales”, destaca.
La
lectura del informe estuvo a cargo de los diputados Fermín Trujillo Fuentes,
presidente de la Comisión de Fiscalización; Francisco Javier Duarte Flores,
Luis Armando Alcalá Alcaraz y Rodolfo Lizárraga Arellano. Posteriormente los
grupos y representaciones parlamentarias presentaron posicionamientos con
relación al informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública estatal
2018.
A
nombre del grupo parlamentario de MORENA, la diputada Ernestina Castro
Valenzuela dijo que rechazan y reprueban la cuenta pública del Gobierno del
Estado, ya que presenta variaciones, incumplimientos, excesos, anomalías, arbitrariedades
y ausencias que ameritan su inmediata explicación.
El
grupo parlamentario del Partido Encuentro Social consideró que el Gobierno del
Estado incrementó la deuda pública, así como un gasto superior a lo aprobado
por el Poder Legislativo, de acuerdo a la información presentada por el ISAF,
además de que los recursos no fueron usados de manera eficaz para cumplir los
objetivos y programas a los que estaban destinados, sostuvo el diputado Jesús
Alonso Montes Piña.
La
diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada presentó enseguida el posicionamiento
del grupo parlamentario del PRI, en el que afirmó que la cuenta pública estatal
2018 es congruente con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación,
que reportó para Sonora cero observaciones, igual que en 2017, lo cual es
prueba de una gestión responsable, indicó.
Considerar
clarificar la interpretación de la calificación de la cuenta pública estatal
para su aprobación o no, igual que los municipios, planteó la
diputada María Magdalena Uribe Peña al presentar el posicionamiento del grupo
parlamentario del PT.
Para
el grupo parlamentario del PAN, la cuenta pública del Gobierno del Estado está
reprobada, aseveró el diputado Eduardo Urbina Lucero, ya que se ha incumplido
con la Ley de Disciplina Financiera, además de que el Estado aumentó de 22 mil
916 millones de pesos a 23 mil 699 millones de pesos dicha deuda.
El
diputado Fermín Trujillo Fuentes presentó el posicionamiento del
grupo parlamentario de Nueva Alianza, en el que sostuvo que el posible daño
patrimonial que está en el informe es porque no está claro si se aplicó
correctamente para lo que fue destinado, lo demás queda en la política y es
difícil de escudriñar, sostuvo, de manera que reconoció un avance en los entes
estatales para aplicarse a la norma que hay y en la disposición del servidor
público en la capacitación.
Con
la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada María
Dolores Del Río Sánchez dijo que no han llegado aquí para retroceder sino para
avanzar con lo que tienen y con lo que se ha avanzado, para seguir modificando
desde esta Legislatura lo que les corresponda para que las cosas y los análisis
sean mejores.
El
diputado Luis Mario Rivera Aguilar, con la representación parlamentaria del
Partido Verde, señaló que los diputados de esta Legislatura deben ser creadores
y ejecutores de políticas públicas anticorrupción a favor de la transparencia y
la rendición de cuentas, que permitan al ciudadano confiar en las autoridades
por las que votaron, que gestionen los fondos que vayan aparejando los gastos y
generen los ingresos para fortalecer la infraestructura.
Presentan dictamen de cuentas públicas municipales
A
nombre de la Comisión de Fiscalización, la diputada Diana Platt Salazar
presentó al Pleno el dictamen en relación a la revisión y fiscalización de las
cuentas públicas de los municipios de la entidad, relativas al ejercicio fiscal
2018, en el cual destaca que se aprueban 41 y no se aprueban 31, ya
mencionados.
Con
el desarrollo e implementación de nuevos paradigmas en los procesos de
fiscalización, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización instrumentó
una Guía Metodológica para evaluar el desempeño municipal, con el objeto de
medir la eficiencia financiera, fiscal y operativa de las administraciones
municipales, e incluir sus resultados en los Informes de las cuentas públicas
respectivas, establece el documento.
Agrega
que en aquellos municipios donde el Instituto no pudo realizar la “Encuesta de
Percepción de la Calidad de los Servicios Públicos Municipales 2018”, se tomó
el resultado obtenido en la Auditoría de Desempeño, y la propuesta de
calificación que el ISAF presentó al Congreso del Estado para cada una de las
cuentas públicas del ejercicio 2018 de los municipios del Estado, se presentó
con los siguientes valores:
Desempeño,
hasta 20 puntos; resultado de auditorías al ejercicio del gasto, el cual tiene
un valor máximo de 50 puntos; el comparativo de observaciones 2017-2018, donde
se obtienen hasta 10 puntos; y la Evaluación Ciudadana de los Servicios
Públicos, a la que se le asignan hasta 20 puntos.
“Con
independencia de los resultados del informe de resultados de la cuenta pública
municipal y la calificación que en su oportunidad los ayuntamientos reciban por
parte del Congreso del Estado, no exime de responsabilidad a los servidores
públicos municipales, respecto de las deficiencias e irregularidades
independientemente de las aquí señaladas en las que puedan haber incurrido”,
estableció el dictamen.
El dictamen se aprobó por
mayoría en lo general y en lo particular. La Presidencia citó a la próxima
sesión del Pleno, este jueves 17 de octubre, a las 10:00 horas.